Durante los últimos años ha cobrado enorme relevancia lo concerniente a los esquemas y rubros salariales aplicables en el sector público nacional. Cada esquema, independientemente del sector de la Administración, puede decirse que tiene como fin lograr una retribución económica justa, además de proporcional al trabajo realizado, sin que pueda omitirse la eficiencia y satisfacción del interés público que deben prevalecer.
Lo expuesto debe ser entendido en un contexto dinámico y variable, en el cual los esquemas de remuneración no son los mismos que se originaron años atrás, así como tampoco lo son las exigencias a las que debe ajustar su actividad cada entidad pública. De igual forma, la realidad del país es otro factor que impacta el tema en cuestión.
Ante este panorama, evitar o postergar discusiones serias y concienzudas sobre el tema salarial y sus posibles ajustes, a costa de alegatos infundados, se convierte en un tema de cuidado para todo el país, con afectaciones no solo para el sector público, sino, también, para las empresas privadas y, en general, todos los ciudadanos.
Más allá de los posibles proyectos de ley e iniciativas gubernamentales que se intentan discutir en el país, es medular comprender que cada entidad pública y en general el Estado, como patrono, ostenta un poder de dirección que le faculta a revisar y regular las condiciones laborales de su personal, lo cual deberá ejercer con respeto de los derechos adquiridos (concepto que no en pocas ocasiones se mal entiende, sea para exceder su alcance o bien para actuar en su detrimento).
Esta revisión es trascendental por cuanto se podría diagnosticar las condiciones del actual sistema de retribución o bien de un rubro salarial en específico, para así determinar si se cumplen los parámetros de un salario competitivo y adecuado a las labores desempeñadas, acorde con la eficiencia y eficacia exigibles, la realidad del país y el ordenamiento jurídico.
Cabe decir que la revisión de condiciones salariales es un ejercicio que reviste la necesidad de evaluar, de forma técnica y objetiva, los pagos que se efectúan, no solo para determinar su legalidad, sino también su conveniencia y oportunidad. En consecuencia, será preciso que la Administración identifique la naturaleza del pago, su origen y fundamento jurídico, así como el tratamiento que a nivel interno se le ha brindado. Este análisis facilitará la determinación de si se está en presencia de un verdadero derecho adquirido, un pago que tiene respaldo en un mandato legal o bien es un complemento que puede ser modificado o suprimido, incluso, de manera unilateral.
Ahora bien, previo a la realización de cualquier modificación que pueda representar un cambio sensible en las condiciones de empleo de un trabajador, conviene que se analicen las particularidades del caso específico. Además, es recomendable que la Administración cuente con los pertinentes estudios técnicos y objetivos, que le permitan demostrar que el cambio procura la mejora en la prestación de servicios y/o el funcionamiento interno de la organización, sin obedecer a simples arbitrariedades.
La revisión mencionada y la posible implementación de cambios, podrá tener mejores y más expeditos resultados en el tanto se procure un diálogo transparente y serio entre las partes implicadas y sus representantes. Es claro que las decisiones consensuadas en temas estratégicos como el presentado son las preferibles, pero también es evidente que la ausencia de acciones incide de manera negativa; por ende, promover un diálogo oportuno y propositivo que se traduzca en decisiones concretas es una buena alternativa para todos.
Ronald Gutiérrez Abarca
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