El lunes 25 de enero del 2016 en el Diario Oficial La Gaceta N° 16, Alcance N° 6, se publicó la Ley número 9343 denominada ‘Reforma Procesal Laboral’.
Esta normativa es la modificación legislativa de mayor relevancia al Código de Trabajo desde el año 1943 y comprende cambios de importancia en el eje laboral individual, colectivo y derecho procesal.
La asistencia gratuita: Uno de los cambios más relevantes, consiste en el beneficio de la asistencia gratuita, es decir, que los trabajadores que cumplan con ciertas condiciones, tendrán acceso a un abogado o defensor público sin costo alguno para atender su situación.
El PANI, el Colegio de Abogados o cualquier otra institución gremial, estarán facultados para brindar asistencia legal gratuita, en el primer caso para madres y trabajadores menores de edad, y luego para temas en general.
El Estado propiamente, mediante la Defensa Pública, otorgará el derecho a la asistencia legal a quienes tenga estas condiciones:
- Ser madre.
- Ser menor de edad.
- Estar tramitando un caso de discriminación laboral.
- Tener un ingreso mensual que no supere los dos salarios básicos del cargo de Auxiliar Judicial I, fijado este año en 848.400 colones. (El monto se ajusta año con año).
De las categorías mencionadas, solamente las personas que tienen un ingreso mensual inferior a 848.400 colones, representan aproximadamente un 90,4% de la población asalariada del país, es decir, que la mayoría de los trabajadores nacionales no tendrán que tocar sus bolsillos para interponer un proceso laboral contra su patrono.
El tema representa un reto tanto para la Defensa Pública como para los patronos que acostumbran manejar altas contingencias en las relaciones laborales, pues los trabajadores tendrán un mejor acceso a la justicia del que tienen con la legislación laboral actual.
Actualmente, aunque los procesos labores se rigen bajo el principio de gratuidad, la mayoría de los trabajadores tienen que cubrir los gastos de un abogado, o en el peor de los casos interponer la denuncia por sus propios medios, encontrándose en desventaja ante los patronos. Lo anterior desmotiva a muchos trabajadores a realizar reclamos judiciales.
Con la entrada en vigencia de la Reforma Procesal Laboral, ya no existiría el impedimento económico ni el temor de tener que asistir a un juicio a defenderse por sus propios medios, por lo que se pronostica que las denuncias judiciales en temas laborales se van a incrementar.
Retos para la Defensa Pública: Aunque todavía la Asamblea Legislativa no ha aprobado los presupuestos para el 2017 ni se ha aprobado el plan presupuestario interno de la Defensa Pública, las noticias recientes apuntan a que un 60% del presupuesto de la institución, se utilizará para enfrentar las nuevas obligaciones en razón de la Reforma Procesal Laboral y la Reforma Procesal Civil.
La institución tendrá que reclutar nuevo personal, capacitarlo y quizá ampliar sus instalaciones.
Los patronos que se apeguen a la legalidad no tendrán mayor inconveniente, sin embargo es recomendable que verifiquen sus prácticas a la luz de la nueva legislación, para evitar que por desconocimiento deban enfrentar procesos judiciales.
Los patronos que acostumbren a asumir altos riesgos en el manejo de las relaciones laborales, posiblemente empezarán a enfrentar constantes denuncias, pues los trabajadores tendrán pocos impedimentos para reclamar lo que consideran que les corresponde.
Es saludable que todos los patronos realicen una revisión exhaustiva de sus prácticas laborales antes del 25 de julio del 2017 (fecha de entrada en vigencia de la Reforma), y que desde ahora intenten eliminar las que sean contrarias a la legalidad, en aras de evitar el desgaste económico y físico que implican los procesos judiciales.
Adelina Rodríguez Vásquez
rrivera@bdsasesores.com
Comentarios