Cuando se analiza la inversión a escala mundial que se realiza bajo el concepto de zonas francas, los datos muestran resultados sorprendentes en cuanto a su utilización.
Hay cerca de 1.070 zonas francas, que generan aproximadamente 45,7 millones de empleos, con más de 500.000 empresas instaladas en ellas, distribuidas en todas las regiones del planeta.
Entre Centroamérica, República Dominicana y Panamá hay 152 parques, con 495.800 empleos localizados en 3.944 empresas, según datos del Comité de Zonas Francas de las Américas, y que producen aproximadamente 17.400 millones de dólares en exportaciones.
El régimen de zonas francas es un instrumento que han utilizado todos los países, principalmente para la atracción de inversión orientada a la producción exportable.
Interesantemente, los diversos países del mundo utilizan, además de factores de competitividad como infraestructura y educación, incentivos de algún tipo, como pueden ser exoneraciones, reducción o créditos relacionados con los sistemas impositivos para atraer inversión.
Los compromisos adquiridos por los países en el marco de la Organización Mundial del Comercio (OMC) de eliminar subsidios prohibidos han obligado a todos los países a revisar sus esquemas de incentivos para promover inversión.
Para Costa Rica aplicaría a partir del 31 de diciembre del 2007, con una posible extensión de dos años, es decir hasta el 31 de diciembre del 2009, en caso de que el Gobierno no solicite una prórroga o que ésta nos sea rechazada por el organismo multilateral.
Para la decisión que tenemos que tomar, cabe analizar lo que han hecho otros países a nivel mundial.
Cerca de 102 países en el 2004, de acuerdo con un estudio de la Organización de Naciones Unidas para el Desarrollo, han hecho cambios; pero, al profundizar el análisis, descubrimos que solo durante ese año, se hicieron 271 cambios regulatorios, de los cuales 235 hicieron estos incentivos más favorables para la inversión.
El régimen de zona franca en Costa Rica es el principal mecanismo con que el país cuenta para atraer inversión y, precisamente, porque la legislación presenta incompatibilidades con las normas de la OMC, se ha venido planteando la necesidad de hacer cambios.
Debemos aprovechar para que el país establezca una nueva política de inversiones, que incluya la sostenibilidad de la misma, el fomento de la inversión local y de los encadenamientos productivos.
Cuando estamos a las puertas de discutir la reestructuración del sector productivo estatal y de hacer una reforma fiscal, es el momento ideal para compatibilizar las tres políticas, la productiva, la de inversiones y la fiscal.
Doris Osterlof O.
Experta en Comercio Internacional
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