La mayor parte de instituciones del Estado respaldan una reforma legal para que los funcionarios públicos que cumplan más de 30 años sigan recibiendo el reconocimiento anual por antigüedad.
La Ley general de salarios, de 1957, establece que los empleados públicos pueden recibir cada año un reconocimiento por antigüedad hasta un límite de 30 años. Después dejan de recibir el aumento adicional.
Sin embargo, dos proyectos de ley y una acción de inconstitucionalidad presentada por trabajadores de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) cuestionan la barrera vigente.
En la última negociación salarial con los sindicatos del sector público, en agosto pasado, el Gobierno se comprometió a apoyar la reforma y el proyecto está en discusión en la Comisión de Asuntos Jurídicos de la Asamblea Legislativa.
Además, el pasado 11 de octubre la Sala Constitucional notificó que admitió para estudio el recurso de los trabajadores de la CNFL.
Razones
?Hay una cuestión de justicia y equidad. No tiene sentido que se mantenga el tope de 30 años, si en el país aumentaron la esperanza de vida y la edad para pensionarse?, dijo el viceministro de Hacienda, José Luis Araya.
Debido a las reformas en los regímenes de pensiones, los trabajadores ya no pueden pensionarse con 30 años de trabajo y para hacerlo deben cumplir 60 años de edad las mujeres y 62 años los hombres.
?La gente ya no puede irse a los 50 años de edad y una buena parte tiene los 30 años de servicio?, señaló el viceministro de Trabajo, Guillermo Matamoros.
Las anualidades las reciben todos los funcionarios públicos desde que cumplen un año de trabajo y si obtienen al menos la calificación de ?bueno? en la evaluación anual de su desempeño, explicó José Joaquín Arguedas, director del Servicio Civil.
En el Gobierno central, la anualidad significa un reconocimiento que oscila entre el 1,9% y el 2,5% del salario base.
Actualmente el Poder Ejecutivo paga ¢53.800 millones al año en anualidades a casi la totalidad de los 99.000 funcionarios, incluidos los 60.000 educadores.
Según Araya, la reforma implicaría una erogación adicional de ¢730 millones que beneficiaría a unos 3.000 funcionarios.
Algunas instituciones autónomas, como el Instituto Nacional de Seguros (INS) y la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), así como en el Poder Judicial, por ejemplo, desde años atrás habían roto el tope de las anualidades y la reforma no significaría ningún impacto financiero.
Mauricio Herrera
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