Gobierno impulsa normatividad para flexibilizar jornadas laborales

Según la ministra de Comunicación, Mayi Antillón, el proyecto, llamado Ley para Actualizar las Jornadas de Trabajo Excepcionales y Resguardar los Derechos de los Trabajadores, está en trámite en la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa y sería convocado en las sesiones extraordinarias.

?La flexibilización de la jornada en función de garantizar el empleo definitivamente tiene que ser una prioridad?, manifestó.

La decisión se toma en momentos en que la Cámara de Industrias, la Asociación de Empresas de Zonas Francas (Azofras) y la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones de la Empresa Privada (Uccaep) afirman que muchos empleadores sienten los efectos de la crisis y están reduciendo costos.

Representantes de las tres organizaciones dijeron que el capital humano es lo último que se recortaría, pero fueron claros en que el país puede esperar despidos.

Esta iniciativa propone crear dos jornadas nuevas: una de 12 horas diarias con tres días libres por semana y una anualizada, que permitiría trabajar hasta 10 horas cuando hay mayor ocupación y un máximo de seis en temporada baja, sin que en ningún momento se reciba menos del salario mínimo.

Manuel Rodríguez, presidente de la Uccaep, afirmó que la reforma sería de gran utilidad, pero no permitiría reducir las horas, por lo que está en conversaciones con el Poder Ejecutivo para agregar un artículo en ese sentido.

Por su lado, Silvia Bejarano, abogada laboralista, indicó que con la ley actual la jornada ordinaria de 12 horas y la reducción de horas son ilegales.

Ya que se permiten solo si dos se pagan como extras, y reducir la cantidad de horas requiere liquidar al personal y recontratarlo.

Asimismo, Timothy Scott, director de Azofras, dijo que hay empleados están anuentes a mermar temporalmente las horas laborales ?y, por ende, el salario? para evitar despidos.

?Varias empresas están asesorándose, pero no se van a arriesgar a tomar una decisión si hay dudas legales?, añadió Scott.

Además, José Salas, asesor de la Cámara de Industrias, dijo que en el pasado el Ministerio de Trabajo ha aceptado arreglos de ese tipo, si más de 80% del personal está de acuerdo, si la medida es temporal y si la Inspección Laboral la fiscaliza.

Finalmente, Eugenio Solano, viceministro de esa cartera, recordó un caso de 1994 cuando el Ministerio respetó un acuerdo que evitó entre 300 y 400 despidos.

Hazel Feigenblatt
La Nación

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