En temas de empleo en el sector público, nuestro país se encuentra ante una importante y valiosa coyuntura dado que existe una imperiosa necesidad de discutir y tomar decisiones sobre cuál es el rumbo hacia el cual debe dirigirse la Administración Pública. Actualmente, el panorama no es nada sencillo dado que existen muchos sectores implicados.
Además, hay diversas realidades poco asimilables en materia laboral según el sector de la administración que pretenda analizar. Entre los ejemplos figuran la normativa laboral o régimen de empleo aplicable; vigencia de ciertas cláusulas de convenciones colectivas que generan discusión, así como, la falta de claridad sobre el pago de rubros salariales, sean ‘pluses’ salariales, comisiones, o bien, incentivos salariales relacionados con la eficiencia y productividad.
Estandarizar versus regular condiciones laborales es un tema que se presta para escribir largas páginas cuando se analiza el mencionado tópico.
Sin embargo, independientemente de la posición que se adopte, la realidad impone a las instituciones, en su condición de patronos, y a sus colaboradores, el desafío deber de buscar alternativas y mecanismos que incentiven el mayor rendimiento posible, en aras de una adecuada prestación de los servicios, obtener el buen funcionamiento de la administración, así como la mejora justificada y proporcional en las condiciones de empleo de los trabajadores, según su propio desempeño.
Continuar postergando el análisis serio y objetivo de la actual situación implica, por ende, que la adopción de las medidas que se requieran está lejos de llegar, lo cual hace latente una seria posibilidad de no estar ayudando en nada al país para que mejore su competitividad. Inicio de la discusión.
Es necesario considerar como premisa de discusión que el problema no es solo de unos o de otros (no es una riña o pelea de bandos). La concepción de patrono por un lado y trabajadores y delegados por otro, probablemente lleve a un estado de antagonismo que impida la adecuada aplicación de los cambios requeridos.
Asimismo, es prudente entender que el contexto en el cual varias de las condiciones laborales del sector público fueron definidas tiempo atrás, dista en mucho de la realidad que afronta una buena parte del mismo sector, inmerso en un escenario de competencia que demanda una alta eficiencia y la optimización de recursos. Sin duda, el reconocimiento de la antigüedad del funcionario es importante.
No obstante, esa antigüedad para ser premiada debería ser determinante en el desarrollo de la organización y el cumplimiento de los objetivos individuales e institucionales.
Ahora bien, adoptar medidas de manera estandarizada o “al calor del momento”, no necesariamente equivale a una solución contundente y duradera, pues es conveniente considerar aspectos específicos en cada entidad, con especial cuidado a la normativa interna que pueda aplicar, en procura de lograr que las eventuales modificaciones y las medidas a adoptarse, surjan a partir de una interacción entre las partes implicadas, ponderando tanto los derechos laborales como la eficiencia que debe primar en toda actividad efectuada por la Administración Pública.
En este sentido, el ejercicio de discutir por las partes la mejora de condiciones laborales a partir del correcto funcionamiento de la administración, como patrono, puede servir de norte para llegar a puntos de consenso o equilibrios valiosos.
Ronald Gutiérrez
rgutierrez@bdsasesores.com
Redacción elempleo Costa Rica
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