La iniciativa legislativa vendría a modificar aspectos en cada una de las etapas de la relación laboral, esto es: etapa precontractual, etapa contractual y etapa postcontractual. El proyecto visualiza cambios desde el reclutamiento y selección del personal, el modelo de contratación, el esquema de remuneración para los futuros funcionarios (o bien para traslados voluntarios) y la posible desvinculación.
Asimismo, entre los cambios más representativos podemos mencionar que se establece una rectoría, en materia de empleo público, a cargo del Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN), siendo fundamental dotar de claridad y precisión cuáles son los alcances que pueda tener esta posible rectoría en la toma de decisiones por parte de cada una de las entidades sujetas a la ley.
Adicional a lo dicho, el proyecto presentado establece una división de subregímenes entre las diversas instituciones públicas. Sobre esta posible división, es menester señalar que la misma puede generar importantes y diversas implicaciones en cuanto a las condiciones de empleo aplicables; lo cual es de fundamental relevancia, especialmente, para organizaciones en régimen de competencia.
Además, crea incentivos monetarios de hasta un 10% sobre el salario base o global y no monetarios para temas de desempeño sobresaliente. Adicional a lo anterior, llama la atención que se establecen condiciones para el teletrabajo, se introduce la figura del permiso con goce de salario de un mes por paternidad o una jornada reducida para cuido de familiares enfermos.
El proyecto en cuestión inicia apenas su discusión a nivel legislativo y es de esperar que durante el camino de su tramitación surjan diversas discusiones con el fin de incluirle ajustes y mejoras.
Ahora bien, al tomarse como base de análisis lo planteado por el proyecto mencionado así como lo regulado por la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, es posible afirmar que estamos inmersos en un contexto de cambio para el sector público; por ende, cada entidad debe procurar adapdarse a las nuevas disposiciones y exigencias, esto sin detrimento de los derechos de los trabajadores.
En última instancia el objetivo que debe prevalecer para la discusión de una iniciativa legislativa tan compleja como la pretendida es: “tener una Administración Pública eficiente que agrupe personal sobresaliente y con óptimas condiciones de empleo, en beneficio de los usuarios de los servicios publicos”.
M.Sc. Ronald Gutiérrez Abarca. Socio BDS Asesores
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