Desde hoy, entra en vigencia la nueva Ley de Migración y Extranjería que representa un cambio más en un campo bastante complicado y que ha generado muchos problemas para empresas que necesitan traer al país ejecutivos o personal técnico clave.
La nueva ley obliga a los patronos que contratan personal extranjero a estar al día con sus obligaciones obrero-patronales.
Además, exige que estos trabajadores, una vez que obtengan la residencia, permanezcan debidamente inscritos en el sistema de seguridad social, pues de lo contrario no podrían renovar su condición migratoria.
Asimismo, se establece que los salarios que se les pague al personal técnico, ejecutivo, representantes y gerentes, deberán tener un recargo del 25 por ciento sobre el salario mínimo fijado para el puesto en específico.
Este tipo de medidas ponen en peligro algunos esquemas de Split Salary (parte del salario se paga en Costa Rica, otra parte en el país de origen del trabajador) utilizados por muchas empresas, o al menos las obliga a revisar el contenido de estos esquemas para ajustarlos a la nueva normativa.
En caso de incumplir la nueva normativa, los patronos se exponen a sanciones que van desde la deportación del trabajador, hasta la aplicación de sanciones pecuniarias al patrono, por un monto que va desde los dos a los doce salarios base, que en estos momentos se encuentra fijado en ¢293.400 mensuales.
Lo anterior, obliga a las empresas a revisar sus políticas en relación con el ajuste de la condición migratoria de los trabajadores extranjeros y su correcto reporte a la seguridad social.
Redacción elempleo.com
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