María Adelaida Viana García
Abogada de BDS Asesores

La decisión de cerrar una empresa nunca es sencilla. Más allá de las razones económicas o estratégicas, existen múltiples aspectos legales que un patrono debe considerar antes de tomar esta decisión. Entre ellos, destaca el pago de las indemnizaciones a los trabajadores, ya que la ley establece derechos claros para las personas trabajadoras y obligaciones específicas para el empleador.

El artículo 33 del Código de Trabajo, modificado por la Ley Concursal que entró a regir el 21 de agosto de 2020, regula cómo deben manejarse estos pagos cuando una empresa cierra, sea de manera voluntaria o forzosa. Sin embargo, en la práctica, no siempre es tan fácil determinar qué debe pagarse, en qué orden y dentro de qué plazo.

¿Qué implica el cierre de una empresa para los empleadores y los trabajadores?

Cuando un negocio deja de operar, los trabajadores conservan el derecho a recibir ciertas indemnizaciones. Con independencia de que el cierre sea voluntario o forzoso, la empresa sigue teniendo la responsabilidad de cumplir con los pagos que corresponderían en un despido sin justa causa, mejor conocido como “con responsabilidad patronal”.

Dentro de estas indemnizaciones están, además de los días de vacaciones que la persona trabajadora tenga acumuladas al momento de la terminación de la relación laboral y el aguinaldo proporcional a la fecha de salida –que son derechos irrenunciables de todo trabajador–, el preaviso, que es el pago correspondiente al período de anticipación en el que se debe notificar la finalización del contrato al trabajador; el auxilio de cesantía, que se otorga cuando un trabajador es despedido sin que haya cometido una falta grave; y la indemnización por terminación anticipada, en caso de que el contrato de trabajo tuviera un plazo fijo y la empresa decida finalizarlo antes de lo acordado.

Sin embargo, cada caso es distinto. No es lo mismo una empresa que cierra por voluntad propia que una que se encuentra en proceso de liquidación o concurso. Dependiendo de la situación, los procedimientos pueden cambiar y es importante entender cómo se deben manejar los pagos laborales en cada escenario.

Ahora bien, una de las primeras preguntas al momento de pensar en cerrar operaciones es: ¿quién cobra primero cuando una empresa se liquida?

Cuando una empresa se enfrenta a una liquidación o cierre de operaciones, no solo tiene que pagar indemnizaciones a sus trabajadores, sino que también puede tener deudas con bancos, proveedores y otras entidades.

La ley otorga un privilegio especial y especialísimo a los créditos laborales, lo que significa que estos pagos tienen prioridad sobre la gran mayoría de deudas que pueda tener el patrono al momento del cierre.

No obstante, existen excepciones, ya que algunos acreedores pueden cobrar antes que los trabajadores. Entre estos están los bancos o entidades financieras que tengan créditos hipotecarios, los prestamistas con garantías prendarias y las obligaciones alimentarias.

Esto no significa que los trabajadores queden en desventaja, pero sí es importante entender cómo se establecen las prioridades de pago y qué factores pueden influir en la disponibilidad de fondos para cubrir las indemnizaciones.

Uno de los mayores desafíos en caso de liquidación de una empresa es la distribución de los recursos disponibles. Así, la empresa debe tomar en consideración cuánto tiempo otorga la ley para pagar las liquidaciones a sus trabajadores.

El artículo 33 del Código de Trabajo establece que, una vez que las autoridades competentes han reconocido la deuda laboral, la empresa tiene 30 días para realizar los pagos correspondientes. Este plazo aplica tanto para salarios pendientes como para indemnizaciones y otros derechos laborales.

Pero, ¿qué ocurre si la empresa no cuenta con suficiente dinero para cubrir estos pagos dentro del tiempo establecido? En estos casos, la ley permite que la deuda se mantenga y se pague en cuanto existan fondos disponibles. No obstante, esto no significa que el pago pueda aplazarse indefinidamente sin consecuencias. Es fundamental manejar este proceso con transparencia y dentro del marco legal para evitar reclamos posteriores.

En conclusión, un cierre bien manejado evita problemas a futuro. Un mal manejo de las obligaciones laborales puede derivar en reclamos, litigios y sanciones que agraven aún más la situación del cierre de la empresa. Por eso, cuando una empresa se enfrenta a este escenario, es recomendable contar con asesoría legal especializada para asegurarse de cumplir con la normativa y evitar problemas a futuro.

Entender bien cómo funciona el pago de indemnizaciones, los plazos y las prioridades de cobro no solo ayuda a proteger los derechos de los trabajadores, sino que también permite a los empleadores gestionar el proceso de forma más ordenada y eficiente.

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¿Cerrará su empresa? Conozca sus obligaciones laborales

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